Sujetos obligados y sujetadores liberados

 

Han cambiado las costumbres y “lavar” es glamour.

Los españoles somos los que más champú usamos de la comunidad europea, y compramos los botes de gel de litro.

Nuestro gobierno y el legislador, que está en todo, nos trajo la Ley 10/2010 sobre la prevención del blanqueo y sucesivas reformas. Esta es la ley de su clase más dura de Europa, nos hace en términos de luchar contra el blanqueo, los más “sujetos” y “obligados” de la unión:

Y por ahí vamos los “sujetos obligados” cumpliendo lo mejor que podemos: buscando “blanqueadores”, no admitiéndolos como clientes, y dando parte al Sepblac de los meros “indicios”, que no pruebas, de operaciones de blanqueo y/o fraudulentas.

Sujetos obligados somos los abogados, entre otros, y si eres compañero y vas a sacar al teoría del secreto profesional para librarte (a menos que estes defendiendo de un delito de esta guisa); Olvidaló: has de cumplir con la prevención de blanqueo informar y no aceptar el encargo.

No discuto que sea un tostón. El abogado es un colaborador de la justicia, pero es un tanto perverso cumplir esta faceta de “denunciante cuasi policía” de tus posibles clientes, y por supuesto es ingrato, informar al Sepblac en muchos casos supone perder clientes, para nada ya que luego no hay medios para investigar, o no hay ganas.

Mi pregunta es:

¿Y qué pasa con LOS JUECES, FISCALES Y MIEMBROS DE CARRERA JUDICIAL?  tendría lógica que deban ser tambien sujetos obligados y si ven un indicio o varios en un pleito de su jurisdicción, informar al menos de los mismos.

Por ejemplo, dos casos hipotéticos:

1) A un juez que conoce de un divorcio le entregan pruebas evidentes de delito fiscal con blanqueo para pedir la pensión, ¿Debe informar ese juez al Sepblac? ¿Debe conocer el Ministerio Fiscal? ¿Obligados los jueces o no?

2) En una denuncia de estafa judicial, se descubren pruebas de un delito de blanqueo de ciudadanos de dos países, con crimen organizado y triangulación: Gibraltar- Reino Unido- Isla de Jersey por más de quince millones de euros ¿Debe informar al ministerio fiscal? ¿El juez? ¿Al Sepblac? ¿A la audiencia Nacional?

De momento en la ley 10/2010  no están incluidos como obligados los jueces, ministerio fiscal, y letrados del estado ¿Son “sujetos obligados”? ¿Están en un limbo jurídico?  ¿Son sujetadores liberados? Con todo el respeto y el cariño del mundo. Por favor, que alguien me lo aclare.

Agradezco sus respuestas, perdonen mi indignación, acabo de ver un archivo de Juez y Ministerio fiscal en instrucción del caso hipotético nº2 descrito y aun no he cerrado la boca del susto que tengo.
Gracias por leer este post y sus comentarios.

 

¿Dinero “negro o sucio”? ¿”Blanqueo o lavo”?

Con esta bonita comparación “blanqueo de dinero negro” frente a “laundering dirty money” abrió su ponencia el Ilmo. Sr. Fiscal General de la Audiencia de Madrid. Estamos en el Colegio de abogados en un curso sobre la materia. Tiene su punto gracioso: que “blanquear lo negro” sea “lavar lo sucio” en inglés, dejo el juego a tu imaginación. Nos llevó después al Código Penal, el artículo 301, 302, y la tremenda aplicación del blanqueo por imprudencia con su consabida peligrosidad.

Lo que me atrevo a destacar es su respuesta ante la pregunta de la posible responsabilidad penal por imprudencia del profesional de compliance , al que se le da muchos nombres, para este caso es el servicio de apoyo al compliance officer, y/o al consejo o director encargado del cumplimiento normativo, cuando no hay compliance officer. Cito literal: “Pues sí, puede ser responsable por imprudencia, si no se aseguró de las medidas” e insistí a riesgo que me llamaran pesada y beligerante: ¿Está seguro, le digo que es un profesional “externo”?. “Si. En mi opinión sería así incluido en el ámbito de la imprudencia”.

Me ha dejado preocupada, no por que lo crea razonado, para mi es una barbaridad, de sobra hay artículos y razonamientos legales en contra, sino porque la suya es una opinión muy relevante. A la hora de valorar el trabajo de asesoría o apoyo del consultor o abogado externo y me asusta que nos veamos así. En vez de juntarnos todos contra los “malotes” (lease golfos, malos o blanqueadores) se pueda utilizar de caza de brujas entre los mismos abogados y asesores y ponernos a denunciarnos unos a otros. ¿Que opináis?

Tendremos que seguir atentos y ¡Estudiando!

Gracias por leerme, y buen domingo

 

Las “victimas del blanqueo”

Será el verano, el calor, o mi propia obsesión con el blanqueo pero me parece que de repente a todo el mundo le interesa el tema, esto me llena de alegría, y tambien me anima a dar mi opinión de las ramificaciones que el blanqueo conlleva.

Ya son años luchando contra los que defraudan y blanquean, unos los denominas “los malos” que no son “pocos, ni cobardes”, sino: arrogantes, valientes y muy muy ricos. Habría que empezar reconociendo que si queremos de verdad acabar con esto todos somos “malos” y algunos “buenos”, en general todos somos humanos y sin entrar en mayor disquisición tenemos el mal y el bien en cada uno de nosotros. Si vemos lo que hacen, lo analizamos, y sabemos que coger dinero en efectivo o pagarlo sin factura es ilegal y en lugar de hacerlo lo denunciamos e insistimos con todas nuestras fuerzas, podemos aportar nuestro granito de arena, porque hemos visto que alguno acaba donde merece. El problema es:

No se denuncia porque hay miedo a la represalia, y lo entiendo, lo veo cada dia, pero sobre todo no se reconoce que todos y digo todos somos participes de la sociedad que tenemos, unos por abusadores y otros por callarnos.

Se habla en los medios de las formas habituales de blanqueo: la del concejal (de urbanismo) con sus contratas, los pagos en efectivo para las obras, D. Iñaki, los Pujol, la Grutel etc..pero no de cuando el cerrajero de urgencia te pregunta ¿Quieres factura? y le dices que no y le largas los 100€ por haberte olvidado las llaves…No tiene comparación ¿Verdad?. Estoy en este caso hablando de denunciar a los del primer grupo.

Nunca se habla de las victimas que el blanqueo va dejando. Al margen del beneficio a la sociedad, y dejando al lado demagogias, el que  en un acto de valentía denuncia: si es un familiar, como mínimo va a quedarse sin familia y si es trabajador sin empleo, y algo más. Lo más común es que estos profesionales del blanqueo emplean medios legales para culpabilizar a los que los denuncian, y es frecuente qué sean los denunciantes “de confianza” los que acaben en la cárcel o pagando multas por ellos. Ellos tienen medios para ocultar pruebas incluso en la administración, para acceder a las cuentas bancarias de los que se enfrentan a ellos, hasta he visto pleitos millonarios a los denunciantes con el simple objeto de dejarlos arruinados, sin credibilidad y fuera de juego, incluyendo ataques a jueces y fiscales falsamente acusados de prevaricación, lo peor: he visto a estos tipos ganar sus falsos pleitos.

Desde aquí si conocen a algun periodista del confidencial, de la sexta, o de cualquier medio que quiera hablar de esas victimas del blanqueo que me avise, tengo unas cuantas historias de heroes denunciantes, todos necesitan apoyo, todos lo necesitamos para seguir denunciando y terminar con la lacra del fraude y el blanqueo.

Es un circulo vicioso: sin denuncias no se abren investigaciones, ni se paran los delincuentes, lo primero es asegurar el derecho a denunciar.

Gracias por leerme

Denunciando el blanqueo (de dinero)

En Canadá no es delito pintar el dinero, así este canadiense pensó que Spock se merece un billete cinco dólares ¿Alguien lo duda?. Pero hablar de lavado de dinero o blanqueo de capitales es algo más serio que olvidarnos un billete en el pantalón y meterlo en la lavadora. Y es algo que afecta a todos no sólo a los bancos, a los terroristas y a los narcos.

Dicen los teóricos que el nombre “lavado de dinero” se debe a Al Capone, por su afición de ocultar en las trastiendas y sótanos de Chicago sus negocios “sucios” de juego, apuestas y alcohol, con inocentes lavanderías abiertas cara al público y ayudado por sus míticos gangsters.

El blanqueo es un delito que consiste básicamente en: disfrazar ingresos obtenidos ilegalmente para darles apariencia de legalidad, es decir, en el sentido más amplio posible: el blanqueo de capitales será cualquier acción (u omisión) o intento de ocultar el origen ilegal de fondos, haciendo creer que tienen un origen legal. Estamos centrados en este breve post en lo práctico: “cuando” y “como” debemos denunciar el blanqueo, por tanto prescindo de debates teóricos en la definición y el alcance de este delito.

No nos corresponde como ciudadanos juzgar, ni condenar, simplemente poner en conocimiento de la autoridad, el indicio de blanqueo. Una vez informada, la autoridad será la encargada de investigar y si procede, adoptará las medidas correspondientes.

Un ejemplo: nos viene una persona a comprarnos el piso que tenemos en venta, y nos dice: “Pepe, te doy doscientos mil euros en efectivo, aquí los tengo en esta bolsa”. ¿Indicio de blanqueo? por supuesto, si ese dinero que está en la bolsa fuera licito no estaría en efectivo, decimos “indicio” y no “prueba”, no estamos acusando, ni demostrando, solo “sospechando” que es “B” o “negro”. Estamos hablando del origen de esos billetes con relación al blanqueo, no entramos para este ejemplo en otros delitos como defraudar en los impuestos de transmisiones, etc…Es blanqueo por qué con ese dinero “ilícito” (B, negro) nos piden usarlo para hacer un negocio “licito” de compra venta de una casa

Ya tenemos el indicio: ¿Denunciamos?, Si ¿ A quien?. En España los indicios de blanqueo se comunican al Sepblac, toda la información sobre el servicio de prevención de capitales esta en su web www.sepblac.es. Pareciera que el Sepblac afecta a bancos e instituciones financieras, todos hemos sufrido la “molestia” del eterno cuestionario que ahora nos presentan los bancos de prevención de blanqueo al abrirnos una triste cuenta, pero insistimos los bancos y la lista de sujetos obligados (que es amplia) no son los los destinatarios de este post: son los ciudadanos de a pie.

Ante la sorpresa de ver que hay una bolsa llena de billetes, un ciudadano responsable haría: primero rechazarla y segundo rellenar el modelo F-19, para informar. Más de uno ya ha dejado de leerme, seguro. El F-19 es una simple instancia en la que se comunican los indicios, es decir: los datos del dueño de esos fondos, y los hechos relacionados de lo que tengamos conocimiento. Una vez completado el F-19, o la instancia con los documentos relacionados, se han de enviar al: Sepblac, Calle Alcalá 48, Madrid, es la misma dirección del Banco de España, al que está adscrito. Se pueden enviar por correo certificado, con dos copias: una copia al sobre y la otra copia sellada por el funcionario de correos nos la quedamos como prueba del envío.

Una cosa más esa comunicación es opcional si no estas en la lista de obligados. Si se trata de un sujeto obligado, como en el ejemplo, el notario donde se iba a hacer la compraventa, en base a la Ley 10/2010, está obligado a enviar el F-19 incluso si la operación no llega a realizarse. Los notarios están muy al tanto de esta obligación, que les hace cargar con el peso de la “investigación del origen de los fondos” y la responsabilidad que acarrea.

En definitiva la presentación del F-19 “comunicación de operativa sospechosa por indicios” es perceptiva, para los “sujetos obligados” del articulo 2,* opcional y aconsejable para los demás.

No sólo es un tema de millonarios sin escrúpulos, de despachos en Gibraltar, de narcos o de terroristas, el blanqueo también está, por desgracia, presente en la vida cotidiana, y si todos ayudamos informando de forma anónima al Sepblac para evitar que ocurra nuestra sociedad y nuestro país se beneficiarían en gran manera.

Si alguien quiere un ejemplo de F-19, hablar de blanqueo, ponerme verde o lo que sea preciso, leo y contesto los emails. Gracias por leerme.

*Link con la Ley: http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/pdf/ley10_2010.pdf

Publicidad registral “erga onmes”

Con el mayor respeto y admiración a todos los Registradores de la Propiedad de nuestro país.

Como jurista siempre me he sentido orgullosa del sistema registral español. No sólo fue revolucionario en su tiempo, fue un sistema copiado por varios países, y además se ha adaptado de manera admirable a las nuevas tecnologías.

El registro de la propiedad es público,  su contenido es oponible erga omnes,  es decir tiene efectos frente a todos. Se puede pedir una nota simple o una certificación por internet simplemente haciendo click en www.registradores.org entrando en la “oficina virtual”.  Bastará con dar los datos de la finca o el titular, motivo de la petición, etc, la propia web explica como, de  modo educativo y simple. Una vez solicitada permite el pago por tarjeta, el coste es poco más de nueve euros por nota simple, en incluso facilita hacerse “usuario abonado” ideal para los  que necesitamos esta herramienta con frecuencia, aunque abierta esta opción tambien a todos los ciudadanos. En unas 24 horas la recibes por email y a veces las del Registro mercantil las puedes ver en minutos.

Cual sería mi sorpresa la semana pasada que al pedir una nota simple recibo la negativa del registrador en base al siguiente razonamiento, corto y pego literal por el interés que suscita:

“Recibida en este Registro el día 25 de junio de 2015 solicitud telemática de nota simple informativa a través del Colegio de Registradores, en relación a la finca registral WWW-12344 titularidad de Don XXXXXXX , a petición de Doña PURA STRONG, alegando como interés legítimo “Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones”, y calificada tal petición conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y demás preceptos de la legislación aplicable, la Registradora que suscribe

NO EXPIDE la publicidad solicitada, por los siguientes motivos:

CALIFICACION NEGATIVA: 1) Falta de acreditación de un interés patrimonial legítimo en el solicitante. 2) La legislación sobre protección de datos.

Todo ello conforme a los artículos 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento, la Ley orgánica de Protección de Datos de carácter personal de 1999 (LOPD), la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) de 5 de febrero de 1987 , la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de octubre de 2002, y las Resoluciones de la DGRN de 11 de septiembre de 2009 y de 3 de diciembre de 2010.FUNDAMENTOS DE DERECHO: Los artículos 222.1 de la Ley Hipotecaria: “Los Registradores pondrán de manifiesto los Libros del Registro en la parte necesaria a las personas que, a su juicio, tengan interés en consultarlos” y 332.3 de su Reglamento. “Quien desee obtener información de los asientos deberá acreditar ante el Registrador que tiene interés legítimo en ello. Cuando el que solicite la información no sea directamente interesado sino encargado para ello, deberá acreditar a satisfacción del Registrador el encargo recibido y la identificación de la persona o entidad en cuyo nombre actúa

Se presumen acreditadas las personas o entidades que desempeñen una actividad profesional o empresarial relacionada con el tráfico jurídico de bienes inmuebles tales como entidades financieras, abogados, procuradores, graduados sociales, auditores de cuentas, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria y demás profesionales que desempeñen actividades similares, así como las Entidades y Organismos públicos y los detectives, siempre que expresen la causa de la consulta y ésta sea acorde con la finalidad del Registro”. La Instrucción de 5 de febrero de 1987, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre publicidad en los Registros de la Propiedad, artículo 3: “Cuando la persona o Entidad que solicite la información registral no sea portadora de un interés directo, el Registrador podrá exigir la acreditación del encargo recibido y la concreción de éste a personas o fincas determinadas”.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de carácter personal. Dicha Ley Orgánica exige en el articulo 6 el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, salvo -cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias- o -cuando los datos figuren en fuentes accesibles para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado. Artículo 29.1 de la Ley establece: Prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito. 1. (…) Para averiguar el contenido del Registro se precisa de un interés que no siempre ha de ser el mismo y que ha de enjuiciar el Registrador en cuanto a su legitimidad, sin que quepa acudir al derecho de información general para legitimar la indagación del contenido de los asientos. Los registradores han de calificar el interés conocido o legítimo del solicitante y la finalidad de la información solicitada y, en caso de duda, denegarla. Pero siempre se ha de calificar pues, como han demostrado los hechos, la Agencia de Protección de Datos y su actuación a posteriori no han servido para reducir significativamente las prácticas atentatorias contra el habeas data, ya que no las previenen sino que las atajan una vez producidas.

Los Registradores deben actuar antes de que se produzca la lesión del derecho, la actuación registral es, una vez más, de seguridad preventiva, a ella se dirige la calificación, depuradora de espurios y torticeros intereses, y ponderadora entre un interés individual, la protección de las personas físicas, y, un interés colectivo que representa la protección social de la libre información, a través de la cual se accede a los datos de los individuos. No se olvide, además, que de otra forma se haría de peor condición al titular inscrito (en un sistema de inscripción voluntaria) que al no inscrito, cuyas circunstancias patrimoniales, permanecen ocultas sin su consentimiento. En el mismo sentido nuestro TC en Sentencia de 14 de octubre de 2002 señala que “el derecho a comunicar y a emitir libremente información veraz no otorga a sus titulares un poder ilimitado sobre cualquier ámbito de la realidad, sino que, al venir reconocido como medio de formación de la opinión pública solamente puede legitimar las intromisiones en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con la finalidad expresada, careciendo de efecto legitimador cuando se ejercite de modo desmesurado y exorbitante al fin en atención al cual la Constitución le atribuye especial protección”.

Existe la idea equivocada de que el Registro por ser público es una fuente accesible. Pero la irrenunciable publicidad registral debe conciliarse con las cautelas que le impone la protección de datos personales. Una primera cuestión capital que debe ser definida con todo rigor es la relativa a las finalidades de los registros. La garantía del derecho fundamental a la protección de datos se fundamenta esencialmente en un principio finalista según el cual lo decisivo es que la persona sepa con claridad a qué fin o fines se dedican sus datos. El fin con el que se hacen públicos los datos personales contenidos en el registro rige su uso y destino y además es el criterio esencial en el juicio de proporcionalidad que debe hacer el registrador para fijar el alcance de la publicidad registral. Así pues, los datos personales que ingresen en el registro sólo podrán emplearse -y esto se extiende a sus posibles cesiones a terceros, o sea, a su publicidad- con plena sujeción a las finalidades que justifican la existencia de la institución registral. Unos fines que deben ser, en cualquier caso, determinados, explícitos y legítimos. Por lo demás, el artículo 11 LOPD establece que sólo cabe la cesión de datos para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario (apartado 1) Y “será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero, cuando la información que se facilite al interesado no le permita conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza” (apartado 3). El fin con el que se obtiene el dato, a que uso se destina y quién puede conocerlo es el eje sobre el que debe girar el sistema de publicidad registral. La respuesta a cuestiones como qué datos deben inscribirse en el registro, si es o no obligatorio su suministro, quién puede acceder a ellos y de qué manera o qué uso registral y extrarregistral puedan tener está ligada a este llamado principio de finalidad que rige la protección de los datos personales. Justamente, la precisa sumisión a este principio de la publicidad registral ha de servir de criterio para impedir accesos en los que no se haya acreditado, aunque sea de forma indiciaria, la finalidad patrimonial perseguida por el solicitante de los datos, en definitiva, debe estar clausurado el acceso a todas aquellas solicitudes de información que se separen de los fines del registro. Los registros no son fuentes accesibles al público en los términos del artículo 3.j) LOPD, y en consecuencia la cesión de sus datos, que es lo que en definitiva se hace cuando un tercero accede y conoce los contenidos en los asientos, está sujeta a las reglas de los artículos 4, 5, 6, 11 Y 21 LOPD. De estos preceptos cabe deducir, en síntesis, que aquella persona cuyos datos obren en los registros debe saber con qué fin están en sus asientos, quién puede acceder a ellos, en qué condiciones, y, lo que es más importante, para qué fines. En paralelo con esta garantía, quien pretenda conocer datos personales contenidos en los asientos regístrales deberá hacerlo explicitando el fin de su pretensión y, por tanto, poniendo en conocimiento del registrador el interés que esgrime. La legitimidad del acceso dependerá de su adecuación a las finalidades de los registros, y corresponde al Registrador verificar el cumplimiento de este requisito. El interés alegado para obtener información registral no puede ser cualquier interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es decir, que el que solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el conocimiento que solicita resulta relevante; y debe existir una proporcionalidad entre el interés alegado y la información solicitada. Contra la presente negativa a expedir la publicidad solicitada cabe interponer recurso en los plazos y forma que establece la legislación hipotecaria.

Barcelona, a 25 de junio de 2015.- La Registradora”

Si la casa es la de la foto, y el tema por el que pido la nota simple es confidencial, pero del todo válido y legítimo, como abogado colegiado, no creo que su Ilma deba ponerse asi y tener un “template de denegar”.

Es la primera y única vez que me ha pasado, he de decir en su favor que es un caso polémico, pero ¿Es denegar positivo para la seguridad juridica y la transparencia?.

Por favor opinemos. Gracias de verdad por llegar al final, aunque sea en diagonal, leer este post hasta el final tiene mucho mérito.